Un tribunal de instancia de Santa Cruz de Tenerife anula la cláusula de gastos de una hipoteca de 1995 y condena a BBVA a devolver 587,16 euros

Ilustración editorial para un artículo jurídico

Qué resuelve la sentencia

El Tribunal de Instancia Plaza nº 1 de Santa Cruz de Tenerife (Sección Civil) ha dictado la sentencia nº 504/2026, de 18 de noviembre de 2026, en un juicio verbal sobre condiciones generales de la contratación (artículo 250.1.14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) seguido contra BBVA, S. A. El tribunal estima la demanda, declara nula la cláusula de gastos y condena a la entidad a reintegrar lo cobrado en su aplicación.

Los hechos acreditados

  • Las partes suscribieron el 28 de junio de 1995 una escritura de préstamo hipotecario cuya cláusula quinta trasladaba al prestatorio el pago de los gastos de notaría, registro y tasación derivados de su formalización.
  • La parte actora pidió la nulidad de esa cláusula y la restitución de las cantidades abonadas, más los intereses legales.
  • La entidad demandada se opuso: sostuvo que la legislación de condiciones generales de la contratación y la Directiva 93/13 no eran aplicables a un contrato de 1995, y alegó la prescripción de la acción de restitución.
  • No se celebró vista y las actuaciones quedaron vistas para sentencia.

El criterio del tribunal

  • Normativa aplicable. Aunque la hipoteca se suscribió en 1995, la Directiva 93/13 rige para los contratos celebrados después del 31 de diciembre de 1994, conforme a su artículo 10.1; el retraso en la transposición por España no le priva de eficacia (sentencia del Tribunal Supremo 662/2024, de 10 de diciembre).
  • Abusividad. La cláusula genera un desequilibrio importante al no distribuir de forma equitativa los gastos y trasladar al consumidor actuaciones asumibles por el empresario (artículo 3.1 de la Directiva 93/13). Procede su nulidad.
  • Notaría. Se restituye la mitad: la intervención notarial interesa a ambas partes, según el artículo 63 del Reglamento del Notariado y la norma sexta del anexo II del Real Decreto 1426/1989, criterio del Tribunal Supremo ratificado en su sentencia de 27 de enero de 2021 y compatible con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2020.
  • Registro de la Propiedad. Se restituye la totalidad, porque los derechos del registrador corresponden a cuyo favor se inscribe el derecho (norma octava del anexo II del Real Decreto 1427/1989) y la garantía se inscribió a favor del banco.
  • Tasación. Se restituye la totalidad: no existe norma nacional que, en defecto de pacto, imponga ese pago al consumidor, y la Ley 5/2019 solo es aplicable a contratos posteriores.
  • Prescripción. Se rechaza. Sin prueba de que este consumidor conociera la abusividad antes de la declaración judicial, el plazo de la acción de restitución arranca de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de abril de 2024 y Tribunal Supremo, 14 de junio de 2024).

Fallo

  1. Se declara la nulidad de la cláusula quinta de la escritura de préstamo hipotecario de 28 de junio de 1995.
  2. Se condena a la entidad demandada a pagar 587,16 euros (232,78 euros de notaría, 22,11 euros de registro y 132,27 euros de tasación), más el interés legal desde la fecha de cada pago indebido, cuyo cálculo se determiná en el momento en que se efectúe y no en la sentencia.
  3. Se imponen las costas a la parte demandada (artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

La resolución no es firme: cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días ante la Audiencia Provincial, con constitución de un depósito de 50 euros.

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